Centro de barrio de Estancia Barrera. Foto La Voz. |
«Con ellas intentamos hacer más flexibles y asequibles a los vecinos el uso de los centros de barrio», dice Agustín de la Flor, miembro de la junta directiva de Solidaridad, sobre las alegaciones presentadas. «No nos olvidemos que son equipamientos públicos, que son municipales, y que por tanto habrá que guardar ciertas normas de uso, respeto y convivencia entre todos los usuarios», añade.
Pero más allá de mostrar el mero deseo de que los centros de barrio «no sean nunca un lugar de confrontación y sí de convivencia», De la Flor prepara, con su apreciación sobre la titularidad pública de los mismos, la primera de estas correcciones realizadas a la propuesta de reglamento: «Nos obligan a hacernos cargo de la luz y del agua y nosotros hemos hecho una alegación justificando que son equipamientos municipales».
La convicción de que ambos cargos corresponden al Ayuntamiento se da la mano con otro igualmente sustanciado en el proyecto y con el que sí están de acuerdo los vecinos: «Nosotros estamos de acuerdo en que no puede haber un uso lucrativo de los centros de barrio porque son un equipamiento social», dice añadiendo que «por esta razón, porque no generan recursos, la luz y el agua deben quedar a cargo del municipio, como siempre ha sido hasta este momento».
El historial de problemas con el suministro eléctrico en dependencias municipales tanto en centros de barrio como en polideportivos, causados en cualquier caso por las dificultades de tesorería del Consistorio, es tal que puede atribuirse cierta lógica al empeño de que la responsabilidad en estos costos recaigan en las asociaciones.
(La Voz, 4-Diciembre-2011)
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