lunes, 25 de julio de 2011

García-Pelayo: "A Jerez le interesa que su alcaldesa sea parlamentaria"

En una sesión parlamentaria en San Fernando (Foto de R. Ríos)
María José García-Pelayo es uno de los casos más paradigmáticos de compatibilización de las tareas de alcaldesa con el parlamento autonómico entre los 17 regidores andaluces del PP. La aprobación, en el último pleno del curso político, de las denominadas 28 medidas para la transparencia y la calidad democrática la colocan en la tesitura de una incómoda posición ante la que eleva la voz reivindicando la legitimidad que sendas urnas le han proporcionado.
En su caso, además, existe una circunstancia especial por la que, de llegar a buen fin la propuesta socialista, la podrían llevar a un posible incremento de los gastos corrientes en el Ayuntamiento de Jerez. No debe olvidarse que una de las medidas de recorte presupuestario que García-Pelayo ha planteado para esta legislatura es la supresión del sueldo de alcaldesa. Pero esa decisión se fundamenta en que le bastaría con el salario como parlamentaria.
La ocupante del sillón de la Alcaldía, que no contempla la posibilidad de incrementar el gasto municipal ahora que se están aplicando los ajustes que la tesorería del Consistorio necesitaba urgentemente, cree que la propuesta del PSOE «es una auténtica barbaridad porque lo que cuestionan es que tengamos legitimidad para estar en el Parlamento o capacidad de trabajo para estar en las dos instituciones». «Y yo he sido votada como diputada y como alcaldesa», añade.
Beneficios para la ciudad
Alega García-Pelayo que «el número mayor de competencias están en manos de la Junta y, por lo tanto, a Jerez le interesa que su alcaldesa sea parlamentaria». Los servicios sociales, la regeneración del Guadalete, la Ciudad de la Justicia, la variante sur, la escuela de idiomas, la ampliación del hospital o creación del segundo, la financiación o el estatuto económico especial son algunos de los ejemplos que pone para justificar una compatibilidad beneficiosa para la ciudad.
¿Pero beneficia al parlamento una alcaldesa que tiene clara sus prioridades? «Es cierto que si tengo que elegir, porque me coinciden dos cosas a la vez, me quedo en Jerez, porque es mi prioridad», sentencia. Con todo, alega que «yo estoy en las sesiones parlamentarias casi 48 horas sentada en el escaño, en las reuniones de la mesa solo he faltado a las dos últimas y en los plenos probablemente sea la única persona que está allí todo el tiempo», añade contundente.
«La última reunión de la mesa en la que se me achaca que falté es una no programada, convocada urgentemente, y yo tenía mujeres (Limasa) que estaban esperando para cobrar; no tengo la cara dura de irme cuando tenía cerrada la firma con el banco para que pudieran percibir su salario». La alcaldesa añade que «me parece vergonzoso que me recriminen esa ausencia las mismas personas que han provocado la situación que quería solucionar ese día aquí».
García-Pelayo afirma que «es un problema para el PSOE e Izquierda Unida la mucha capacidad de trabajo que tenemos en el PP, y ellos no están acostumbrados a alcaldes de 24 horas». Y continúa: «Están acomodados en sus sillones esperando a verlas venir y ahora se han dado cuenta de que el 22 de mayo llegaron ganas de cambio». «Es más un problema de miedo de ellos que de legitimidad nuestra», sentencia añadiendo que «no puedes cambiar las reglas del partido cuando éste va ya por el minuto 80 de juego».
«Griñán incumple su palabra»
María José García-Pelayo, que se declara partidaria de la transparencia y la calidad democrática, considera sin embargo que «esas medidas son un 'paripé' que están montando al final de la legislatura aunque es verdad que estamos dispuestos a sentarnos y consensuarlas, pero eso requiere tiempo y respeto». Recuerda que en junio el presidente de la Junta «dijo que no iba a tomar medidas de este tipo si no era con el acuerdo de todas las fuerzas políticas». «Griñán incumple su palabra, y no porque sea bueno para Andalucía sino porque el PSOE necesita desesperadamente vetar el PP de las administraciones», dice.
«Cuando pierden el poder es cuando cuestionan las instituciones», añade mencionando que sea ahora cuando se sugiera el debate de la utilidad de las diputaciones.
La ley sobrecargaría la nómina municipal en 68.000 euros
«Hay que intentar por todos los medios que, bajo ningún concepto, sea sobrecargada la nómina del Ayuntamiento», dice García-Pelayo cuando se le sugiere la posibilidad de que, de abandonar el Parlamento, tuviera que cobrar el sueldo como alcaldesa al que renunció para quedarse solo con el de la institución autonómica. 68.000 euros anuales es la cantidad conceptuada para ello aunque no sea cobrada. Además, considera prematuro llegar a este tipo de planteamientos.
La propuesta aprobada el pasado jueves ha de ir a una comisión que lo tramitará como proyecto de ley. Un debate a la totalidad en el pleno completará el procedimiento antes de que sea devuelto a la comisión, sean presentadas las enmiendas y encuentre definitiva aprobación en el pleno del Parlamento. «Por procedimiento de urgencia, lo pueden sacar adelante en dos meses, incluso pueden habilitar los meses de julio y agosto si quieren», explica suponiendo prisas socialistas.
Ya se auguran, sin embargo, recursos al Tribunal Constitucional que llevarían aparejada la suspensión de la ley «porque afectan a derechos fundamentales».
(La Voz, 25-Julio-2011)

El Consistorio tiene comprometidos ingresos de la Diputación hasta 2022

Foto de Eva Lindberg
Lo que va mal aún puede empeorar. Y la situación de la tesorería del Ayuntamiento de Jerez es un buen ejemplo. Cuando el delegado de Economía, Enrique Espinosa, anunciaba el 30 de junio pasado que la situación municipal estaba peor de lo que esperaban cuando el PP accedió al gobierno local y cifraba en 958,7 millones de euros la deuda aún le quedaban por descubrir peores cifras que las que estaba anunciando.
La situación de la tesorería, que ya adolece de la totalmente retenida Participación de los Ingresos del Estado (PIE) por la deuda con la Seguridad Social y con Hacienda, encuentra en la Diputación Provincial compromisos que convierten en una condena bregar con los números de las arcas municipales. Se trata de obligaciones irrevocables de pago, las denominadas tomas de razón, que reducen notablemente la capacidad de generar liquidez.
Se comprende mejor el concepto en cuestión señalando que las citadas obligaciones de pago son consecuencia de planes de abono a proveedores con deudas antiguas. En este sentido, ya fueron anunciados hace un mes porcentajes comprometidos tan importantes como los correspondientes a 2012 (68,91%), 2013 (70,63%), 2014 (69,56%) ó 2015 (63,20%). Ahora hay que coger la calculadora para verificar porcentajes similares en los siguientes años y hasta 2022.
El resumen general de estos compromisos presenta apuntes a nombre de Banco de Andalucía (2011), Cajasol Crédito Líneas, Entidad Cesiones Créditos, C.A.I. Confirming, Banesto Cesiones, Caja Rural Córdoba Cesiones, UBI Banca (2012), Banco Santander, Proveedor Los Amarillos y Proveedor Urbaser. Son las compañías, financieras la mayor parte, cuyo pago de las mencionadas deudas antiguas aprieta aún más la situación económica del Ayuntamiento.
Se mantienen, en ese nuevo tramo comprometido que ahora se conoce (2.015-2022), unos porcentajes que, similares a los primeros anunciados por Espinosa hace un mes, atan la disponibilidad de estos ingresos municipales en cifras que rondan cada año entre el 60 y el 70%. Tan sólo en los dos últimos de estos años hasta los que se prolonga se atisba un ligero descenso. De hecho, para entonces, son los de Urbaser los que mantienen, en mayor medida, esta situación.
Así las cosas, el delegado de Economía mantiene, como ya dijo en la comparecencia en la que anunciara los compromisos hasta 2015, que «la situación es crítica y realmente preocupante». Entonces ya se señalaba que «no se trata de mandar un mensaje alarmista, sino de que, una vez detectados los problemas, actuar con responsabilidad, gestión y serenidad». Ahora tienen más razones en el gobierno local para la preocupación.
(La Voz, 25-Julio-2011)

Numerosas obras paralizadas por la crisis generan riesgos para los vecinos

Foto de Javier Fergo
Vivir en calle Ciprés 3, finca urbana del barrio de Santiago en la esquina de Juan de Torres, es hacerlo bajo el brazo de una grúa a la que le fue desmantelado el cableado de cobre que la tenía en funcionamiento hasta hace tres años. Ése es el tiempo que lleva parada la obra de enfrente. La pluma (brazo largo) sobrevuela el caserío de la zona hasta Jardinillo. La contrapluma mantiene, suspendido sobre la azotea de este pequeño edificio de viviendas, un contrapeso de dos o tres toneladas. Un nido de cigüeñas sobre este bloque de hormigón y las defecaciones de estas aves sobre el pavimento de la terraza podrían servir para datar la antigüedad de la paralización de los trabajos por la crisis, como muchas otras obras en toda la ciudad.
Bajar a la calle y acercarse empeora la sensación de inseguridad que genera. Los sótanos están completamente inundados. Y lo peor es la facilidad de acceso que tienen toda vez que la leve valla, realizada de varillas de ferralla, está abierta y lleva tiempo permitiendo la entrada a drogadictos en busca de un lugar tranquilo para consumir. Toda una paradoja, porque, pese a la intimidad que les pueda aportar, no es sino intranquilidad lo que provoca el estado del lugar. «Nuestro miedo es que la grúa se caiga, y aquí hay muchos niños», lamenta Lola Casas, una de las vecinas de la calle Ciprés, que señala la aparatosa mole que, desde unos diez metros de altura, se cierne sobre su cabeza como verdadera espada de Damocles.
«Un vecino comenzó a recoger firmas para llevar al Ayuntamiento pero esto sigue igual», apunta entrando en otro tipo de explicaciones: «Le echan la culpa al banco, la promotora quebró», añade aludiendo con sencillez a una archiconocida situación, la del efecto de una crisis que tuvo en la construcción su primera víctima. Junto al Edificio Torres, que así había de denominarse el centro del temor de los vecinos, comienza un recorrido que podría trazar numerosas rutas distintas por todo el casco urbano. Antonio Conde, líder de IPJ, actúa como lazarillo por los barrios de Santiago, San Mateo, Torresoto, San Miguel o proximidades del Carmen. La información que ha ido reuniendo en cada caso es lo suficientemente elocuente.
Dos situaciones distintas
«Hay una diferencia entre las obras que han comenzado y se han quedado a mitad de la construcción y las de aquellas promotoras que han comprado viviendas antiguas, las han derrumbado y han dejado los solares abiertos», explica Conde quien al aterrizar en las consecuencias menciona pastizales con riesgo de incendios, la presencia de basura y de ratas, robo de material o grúas desmanteladas de su capacidad operativa pero no desmontadas. «Cuando se reanuden las obras tendrán que sustituirlas», dice dejando la pregunta de porqué no se eliminan ya para evitar el peligro que temen los vecinos.
Juan Andrades, viandante habitual por Torresoto y Cuatro Caminos, se queja de la existencia de «una arqueta que se comprende que va hasta la zúa, que antiguamente pasaba por delante de la ermita de Guía y por detrás del surtidor de gasolina saliendo a la Hijuela de las Coles; tiene abierto un metro cuadrado y una profundidad grande con tubos de por medio que son un peligro». Otros habitantes de la zona se suman con sus quejas dando contenido a la descripción de una situación que les preocupa.
No solo la construcción de viviendas se ve sometida a estas situaciones. De hecho, uno de los casos más aparatosos de efectos del abandono de una obra que ha sufrido Jerez recientemente es el de la construcción del que iba a ser futuro palacio de congresos en la Circunvalación, junto al hospital. Pero las causas son las mismas a la postre: paralización de la obra, aparente estado de abandono que invita al robo de los puntales y al uso como chutadero y derrumbe de parte de la estructura construida.
Responsabilidad municipal
La norma que regula la seguridad de las obras es la Ley de Ordenación de la Edificación y la responsabilidad en el propio centro de trabajo recae, por este orden, en la dirección facultativa, en el promotor de la obra y en el contratista. ¿Qué pasa, sin embargo, en el caso de obras paralizadas y, por tanto, en ausencia de la actividad que hace presentes a todos esos responsables señalados? Llegados a ese punto, los ayuntamientos han de actuar cuando las condiciones de la licencia se incumplen o no se dan las condiciones de seguridad necesarias en la vía pública.
En cualquier caso, exigen los vecinos que sean eliminadas esas vallas tan ligeras como vulnerables para quienes quieran acceder a robar material o usar el lugar como sitio de consumo de drogas. Obstaculizar los accesos con muros de mampostería eliminaría buena parte de los riesgos que las circunstancias provocan, según señalan. Otros problemas, los que por ejemplo dependen de las grúas que amueblan muchos puntos del casco urbano, seguirían pendientes.
"Es difícil saber cuando estás paradas"
Emilio Corbacho, secretario general de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción, asegura que, aunque controlan el estado de la actividad en Jerez, no es fácil cifrar las obras que se encuentran en ese estado de paralización que se ha convertido en consecuencia de la crisis. «No tenemos ese dato», asegura a LA VOZ, mientras explica que, lógicamente, «antes de pararse se ralentizan».
El caso es que «es difícil saber cuando están definitivamente paralizadas las obras o simplemente ralentizadas por retraso de certificaciones», señala el representante de los constructores. Corbacho se muestra, en cualquier caso, más interesado en aclarar que «lo importante, porque es lo que determina estos retrasos, son los incumplimientos clamorosos de las administraciones públicas».
«Alguna vez, el reconocimiento de la deuda no se formula hasta que no está la certificación porque la medición no está bien hecha o por lo que sea», dice dando a entender la facilidad con la que pueden ser argumentados estos retrasos que se producen y las dudas generadas, en cualquier caso, sobre el estado, paralizado o simplemente retrasado, de una construcción.
Centrado en las obras públicas, el secretario general acude a la queja y aporta un dato: «La Junta nos debe 1.000 millones de euros en materia de obras», señala reconociendo no tener datos del Ayuntamiento de Jerez al respecto. En cualquier caso, «es clamoroso el volumen de estas deudas, y en ellas hay muchas de estas obras».
Otras muchas, sin embargo, son de naturaleza privada desde su promoción. Entre ellas se encuentran la mayoría de aquellas que, en el callejero de Jerez, se convierten en amenaza de unos vecinos que, sobre la más cercana que recibe sus miradas temerosas, se pronuncian contundentes: «¿Retrasada? Ésa está más parada que...»
(La Voz, 25-Julio-2011)

domingo, 24 de julio de 2011

La estrella verde no es andalucista

El logo fue lo primero conocido del PCD
Un diseño llamativo aparecido en un perfil de Facebook alertó, hace ahora un mes, de un nuevo partido que se fraguaba desde la ciudad en torno a una estrella tan verde y blanca como el corazón de buena parte de sus fundadores. Ahora, el Partido Central Democrático ya está registrado en el Ministerio del Interior confirmando las expectativas abiertas recién dejadas atrás las pasadas elecciones municipales aunque corrigiendo a quienes sospecharon en el proyecto ideología andalucista.
La formación, que próximamente será presentada oficialmente y cuyo logo ya adelantara LA VOZ en junio, no será propiamente un partido con la vocación regionalista que muchos de sus creadores (que han pasado por el PA, el PSA e, incluso, por el Foro Ciudadano) profesan personalmente. «No queremos incluirlo en una seña de identidad como la del andalucismo, que está muy castigado», confirma Gemma Gerez, autora del logotipo y una de las máximas impulsoras del Partido Central Democrático.
El equívoco de unos colores de simbología indudable y la cuna en manos de conocidos andalucistas, aunque desde un primer momento tuvieran las puertas abiertas a personas de todo tipo, ayudaron a ponerle una primera etiqueta. «Decidimos que no tuviera esa insignia aunque nuestro sentimiento es claro en cuanto al sistema autonómico y el lugar en el que nace», explica Gerez. «Pero no es andalucismo exclusivo sino una apuesta política más abierta y acorde con nuestro tiempo», añade.
«Es una reacción que nace al hilo de diversas reuniones ciudadanas», dice esta jerezana que en su acervo político atesora un recorrido en el que no se oculta que, desde una histórica propensión a los problemas rurales, ha marchado desde el PSA (hasta inicios del pasado otoño) hacia el Foro Ciudadano (en el que se encontraba en los últimos comicios). Ahora, su horizonte es más amplio y los primeros pasos, de creación de grupos en diversos puntos de Andalucía y aspiración de salir de ella, dan fe de ello.
Conocedora del paño, el de ella es uno de los pocos nombres que de momento trascienden del más de un centenar de personas cercanas al proyecto. Reconoce sentirse defraudada por las «políticas más tradicionales, caducas y erráticas, que nada tienen que ver con nuestras posturas frente a las necesidades sociopolíticas actuales», añade. El propósito de «regenerar la democracia a través de políticas nuevas y distintas, tan demandadas por un gran conjunto de ciudadanos» preside esta iniciativa.
Autora de la estrella que los identifica, señala que «representa la esperanza» así como que «esas puntas representan las necesidades de la actual sociedad». En cada una de ellas, y «con la ciudadanía en el centro», Gemma Gerez aprecia «la cultura e identidad», «la justicia social y la democracia», «la solidaridad y seguridad ciudadana», «la igualdad en toda su extensión» y «la educación y la sanidad». Esas premisas, de marcada acción social, son de momento las primeras pistas sobre los objetivos que se proponen desde el nuevo partido.
El crecimiento de la formación es paulatino. Sin prisas pero sin pausas, el Partido Central Democrático ya disponía, antes de que fuera siquiera bautizado e inscrito en el registro de formaciones políticas, de simpatizantes pertenecientes a grupos en Jerez, Córdoba, San Fernando, Cádiz o Benalup. Desde entonces han surgido otros como los creados en Huelva o El Puerto de Santa María. Llama la atención la siembra, en tierra choquera, donde se celebró hace unos días la constitución del partido en Moguer.
(La Voz, 24-Julio-2011)

lunes, 18 de julio de 2011

José Mazuelos Pérez, obispo de Asidonia-Jerez y médico: "Lo relativo a la vida no puede quedar reducido a mera lucha ideológica"

Foto de Esteban
El proyecto de Ley de Muerte Digna aprobado por la Junta y el posterior de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida en marcha para España han generado pronunciamientos del episcopado tendentes a señalar que «la vida de cada persona es sagrada» y que sendos textos «podrían suponer la legalización encubierta de prácticas eutanásicas». Mazuelos es, junto a Mario Iceta, uno de los dos únicos prelados españoles considerados autoridad en la materia.
–¿La muerte digna es un derecho?
–Toda muerte y toda vida son dignas. Claro que es un derecho de toda persona vivir y morir dignamente.
–¿Y dónde está su dignidad?
–En que sea humana. Y para que así sea, el hombre no puede prolongar la agonía desafiando a la naturaleza. Eso sería encarnizamiento terapéutico. Pero, al mismo tiempo, ningún hombre en su verdad y en su dignidad puede acabar con su vida antes de tiempo.
–Entremos en estos textos. ¿Qué le llama más la atención?
–Primero, esa concepción de la relación entre médico y enfermo que tanto exalta la autonomía del paciente. No sustraer al médico su responsabilidad. El acto médico es un acto social y cuando un enfermo se pone en manos del médico se pone en manos de la sociedad. La libertad del enfermo se encuentra con la libertad y la responsabilidad del médico. Y no se puede anular porque se trate de enfermo terminal.
–¿Qué dudas tiene la Iglesia de unas leyes de las que se dice que no son eutanásicas?
–Si la eutanasia fuera solo una acción directa para quitar la vida a una persona podríamos decir que, en efecto, no hablamos de una ley eutanásica. Pero la ley tiene grandes ambigüedades, deja puertas abiertas, tiene vocación eutanásica.
–¿En qué sentido?
–Hay que precisar, primero, la retirada del soporte vital a los enfermos terminales. ¿También les quitamos la hidratación y la alimentación por deseo propio o de los familiares? Estos cuidados deben ser garantizados siempre porque si elimino la hidratación la causa de la muerte puede no ser su enfermedad sino la deshidratación provocada por el médico. La ley no recoge bien esto y los casos pueden ser muy distintos si hablamos de enfermo terminal o si se trata de enfermo crónico. ¿Y la sedación? ¿Desde cuando se considera posible? ¿La ponemos en manos de la autonomía del paciente exclusivamente o tenemos en cuenta el buen hacer del médico, la lex artis? La sedación tiene sus pautas médicas y éstas no pueden ser ignoradas. Insisto en que, en el fondo de la ley, subyace una relación entre médico y paciente desvirtuada. Y ni siquiera son solo dos en esta relación, también está la sociedad. No solo está la autonomía y el buen hacer médico sino también la justicia. El Estado no puede poner en manos de cualquiera, por ley, la vida del enfermo.
–¿Me está diciendo que ha faltado todo ese debate previamente?
–Ahí está la clave. Lo relativo a la vida no puede quedar reducido a opinión pública o mera lucha política o ideológica. Hay muchas vidas en juego, hay consecuencias para muchas personas y se requiere un grado de reflexión más seria. Cuando este tipo de leyes se quieren imponer desde el punto de vista ideológico llegan las prisas y no se escuchan todas las voces.
–¿Ve intereses en juego?
–Yo no me atrevería a acusar a nadie pero sí diría que el gran gasto sanitario se reduciría en el último año de vida. Eso lo tengo claro. Pongamos en marcha unos buenos cuidados paliativos que, además, sean accesibles a todos. Pero la medicina paliativa es más costosa que la sedación inmediata. Lo que tiene que buscar el Estado es la justicia y hay un principio básico que es el respeto a la vida de todos los seres humanos hasta el final. Y todo eso no puede abordarse al albur de ninguna ideología. Nos tenemos que sentar y reflexionar.
–¿Es cuestión de dinero?
–No estoy diciendo eso pero sí me llama la atención la repercusión en el gasto sanitario que he mencionado y también que todas las prácticas preeutanásicas surgen en países con un sistema fuerte de seguros privados. No todo vale en nombre del progreso y la modernidad. Eliminar la trascendencia del ser humano es un modo de alimentar una cierta antropología, como decía Juan Pablo II. Esta atrofia también favorece que se le quite el misterio a la vida del ser humano así como un modelo de ser humano que dispone de todo, que es prepotente, que quiere crearlo todo, incluso la naturaleza.
–Hay observaciones a la ley desde las organizaciones médicas colegiales y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. ¿Agradecen en la Iglesia no quedarse solos en esta lucha?
–Es bueno que se sepa que las pegas a la ley no son solo cosa de la Iglesia. Hay una parte implicada siempre que nunca se tiene en cuenta en todo esto, es la clase médica. Ellos serán al final los ‘verdugos’. Y las organizaciones médicas están viendo que se van a violar las conciencias de muchos profesionales. Lo mínimo exigible es la objeción de conciencia. ¿Por qué tanto empeño en prohibirla? Como en la Ley del Aborto. Todos son trabas a la objeción de conciencia. Hay quien decide qué son personas y qué no y hacen de ello la nueva ‘religión’ en la que hay que creer sí o sí. Eso es lo que a mí me preocupa.
–¿Cree que las puertas que permitieron el desarrollo posterior hacia mayores cotas en el aborto se parecen a las que ahora puedan quedar abiertas a la eutanasia?
–Tanto en el final como el inicio de la vida, lo que hay de fondo es una pérdida del respeto a la dignidad de la vida de los seres humanos. En el fondo lo que se dice, tanto en uno como en otro caso, es que ciertas vidas no tienen dignidad. Unas por un Síndrome de Dawn o alguna discapacidad, y hemos decidido que esas vidas no tienen valor y por eso pueden ser eliminadas a los cinco o a los nueve meses dependiendo de la malformación que tengan. Otras vidas humanas se pretenden sin valor si la propia persona así lo decide. El respeto a la vida humana es un principio con el que hay que tener mucho cuidado. Me preocupa una ley que determina que un enfermo terminal, en su autonomía, pueda pedir una sedación que incluso lo lleve hasta la muerte y que, en ese caso, el médico es libre de responsabilidad y de culpa. Eso significa que se pone en manos del médico un poder impresionante. Con que un señor, en medio de grandes dolores, firme una sedación ya basta para actuar. Imaginemos, por ejemplo, a tantas personas que sufren soledad y que más que una buena sedación lo que necesitan es una buena compañía y una buena atención. Esa legalización sutil y ambigua que abre las puertas a ciertas prácticas eutanásicas suele ser peligrosa.
(La Voz, 18-julio-2011)

AENA mantiene en su programación las operaciones de Vueling desde Jerez

Foto de Juan Carlos Corchado
Las esperanzas del mantenimiento de Vueling operando desde el aeropuerto de Jerez se aferran a una circunstancia con más apariencia de hierro ardiendo al que agarrarse que a una posible vuelta atrás de las intenciones conocidas hace unos días: la compañía aún no ha comunicado nada a AENA y el ente aeroportuario nacional mantiene, en su programación propia, vuelos de este operador hasta el 23 de marzo del año que viene.
Otra cosa es el intento de reservar billete, a través de la página web de la compañía, para ninguno de sus vuelos a partir del próximo 13 de septiembre. Ya no aparecen estas líneas desde las instalaciones aeroportuarias jerezanas a partir de esa fecha. Otras evidencias de esta retirada de Vueling llegan directamente desde Barcelona, donde representantes de CC. OO. así han conseguido corroborar las intenciones del operador aéreo.
«Esas programaciones de AENA se hacen por temporadas de verano o invierno, cuando se cambia la hora, y no tienen obligación las compañías de comunicar que dejan de ofrecer esos vuelos», dice Francisco Calvo. Se trata del coordinador del sector aéreo de CC. OO. en la provincia y lo explica con la convicción de que no es signo de buenas noticias ese mantenimiento, así como con evidente preocupación por los trabajadores.
«Lo peor es que, en medio de todas esas consideraciones sobre las rutas que se eliminan hay 15 personas con relación laboral directa con Vueling a los que hay que sumar los vinculados al alquiler de coches, la restauración, la cafetería, las tiendas y otros», recuerda Calvo molesto con la situación generada. La compañía ofrecía sus servicios en Jerez desde el 29 de marzo de 2007 y había consolidado una interesante posición.
El representante sindical asegura que, con un nivel de ocupaciones «del 70 o el 80%», sus vuelos vienen siendo «más que rentables». Ahora, sin embargo, se lamenta que «lo único que podrán hacer las criaturas (por los empleados directos de la aerolínea) es repartirse las horas que haya que echar, casi no les merecerá la pena ir al aeropuerto», añade. Y, con todo, en CC.OO. no se piensan en otra cosa que no sea «bregar para que se queden».
Aislamiento creciente
Francisco Calvo no obvia tampoco la repercusión en materia de «incomunicación de nuestra tierra con Cataluña, aunque quede Raynair porque no todo el mundo quiere volar con esta otra compañía», apunta. Las referencias a la aerolínea de bajo coste que mantiene los vuelos desde Jerez hasta Barcelona llevan al sindicalista a subrayar también la pérdida en «ciertas características» que, con Vueling, también despegarían rumbo a otra parte.
«Cada vez más aislados, estamos cada vez más aislados», insiste al respecto de una preocupación que se generaliza llegando a la esfera de lo político. Se insta la búsqueda del modo de frenar la sangría de pérdidas de pasajeros y vuelos desde partidos como el Partido Popular e Izquierda Unida que, ya la pasada semana, criticaron la pasividad de las administraciones y exigieron una mayor implicación para evitar que el aeropuerto siga perdiendo peso.
(La Voz, 18-julio-2011)

domingo, 17 de julio de 2011

"Queremos tener a nuestros nietos, con nadie estarán mejor"

Los jóvenes abuelos ven con preocupación el futuro de sus nietos
El reconocimiento de la desatención a los nietos por parte de los padres no obsta para que los abuelos Jesús y Carmen, vecinos de Federico Mayo, hagan lo indecible por retener en el seno familiar la custodia de cuatro niños de cinco, cuatro, dos años y once meses. De hecho, los propios ascendientes en segunda generación fueron los que pusieron en conocimiento de las autoridades de protección al menor de la Junta de Andalucía las carencias que sufrían en manos de su hijo y la madre de los críos.
Del mismo modo, sin embargo, ellos mismos son los que luchan ahora para que el reagrupamiento de los hermanos no se mantenga en el centro de La Línea en el que han sido alojados ni en familias de adopción ajenas al núcleo familiar de los Ramírez Lahera. La preocupación se ha hecho mayor cuando la más pequeña se ha sumado a los otros tres tras haber estado bajo la tutela de estos abuelos hasta que, el pasado mes de junio, se diera cumplimiento a un informe de no idoneidad para este acogimiento.
Las causas de la actuación
Problemas de desempleo, dificultades económicas, deudas importantes en el alquiler de la vivienda que ocupaban en una zona considerada de desventaja social y dependencia de sistemas de protección de ayudas y protección social fueron argumentados, en su momento, en la resolución de la delegación provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que retiró a los hijos de la custodia de sus padres. La situación provisional de desamparo se resolvió en mayo de 2010.
El nacimiento de la más pequeña de los cuatro hermanos en agosto de 2010, declarado dos meses después el acogimiento de este cuarto nieto por parte de los abuelos, reactivó la actitud de Jesús y Carmen que declaran su firme empeño por tener a todos los hermanos con ellos. Los abuelos aseguran su empeño por recuperar no solo a la pequeña cuya tutela tuvieron hasta el pasado mes de junio sino también a los otros tres, pese a que han tenido dificultades para visitarlos con más frecuencia en La Línea.
Ahora, de hecho, reflexionan al respecto de la decisión que tomaron en su momento de poner el caso en conocimiento de la Junta de Andalucía. Y ello pese a que las carencias que sufrían los niños se pudieran ver paliadas al favorecerse una retirada de manos de los padres que entendían necesaria dada la desatención que sufrían. Jesús y Carmen culpan especialmente a la madre, con diversos problemas que la incapacitarían y entre los que cuenta, junto a otros deficiencias alegadas su condición de sordomuda.
«El fallo quizá lo tuvimos nosotros al decirlo a la Junta, pero era la verdad», recuerda Jesús preocupado por una adopción ya en curso que apartaría a los niños de modo definitivo del entorno familiar. En cualquier caso, la primera actuación tras este aviso de los abuelos buscaba el apoyo a los padres con diversa ayuda desde las instancias públicas. Pero el estado en el que vivían unos niños, que igual permanecían encerrados solos en casa que merodeaban por el barrio solos con riesgo incluso de atropello, fue determinante.
Limitaciones y ofrecimientos
Las instancias de protección al menos de la Junta de Andalucía pretenden el reagrupamiento de los cuatro y ha iniciado ya el procedimiento de adopción a otra familia o, en el peor de los casos, a dos que los adoptaran de dos en dos. Pero ni que en esta situación se prometa el contacto entre los hermanos es considerado por los abuelos la mejor de las posibilidades. Los ofrecimientos para la adopción de una hermana de la abuela Carmen y una sobrina refuerzan ahora la petición de la familia.
Frente a la situación originada en la vida de los niños que sufren las consecuencias, han sido iniciadas diversas gestiones de carácter judicial en la convicción de que, del mismo modo que en su momento los propios abuelos dieron a conocer la situación a la administración competente, ahora están en disposición para, garantizando la distancia de los propios padres, poder atender en el seno familiar a los cuatro hermanos.
Por su parte, los jóvenes abuelos (44 y 41 años respectivamente) aseguran estar capacitados para atender a los cuatro nietos pese a su carga familiar actual (otros tres hijos, hermanos del padre de los niños, siguen habitando en la casa de los abuelos), que es alegada por las instancias públicas competentes para mantener reticencias a darles la custodia. La situación de paro del abuelo tampoco ayuda y, con todo, ni él ni ella lo dudan: «Queremos tener a nuestros nietos, con nadie estarán mejor que con nosotros».
El obispo dio a conocer el caso
La familia Ramírez Lahera ha estado muy apoyada tanto por Cáritas Diocesana como por las Hermanas de la Cruz. A través de una y otra instancia, José Mazuelos, el obispo de Jerez, ha venido haciendo seguimiento a un caso en el que el compromiso eclesial ha encontrado el colofón de la entrevista mantenida el viernes con estos abuelos.
El pastor les dio aliento en su empeño durante la reunión y señaló que le parece adecuado que, en la medida de lo posible, sea atendida esta solicitud en aras de contribuir a la convivencia con familiares que pueden aportar a los niños aquello que necesiten de forma material, afectiva y moral. Sin entrar en cuestionamiento alguno de la labor de la Junta en este terreno, Mazuelos hizo votos por la mejor resolución de esta situación.
(La Voz, 17-julio-2001)

Participación aprobará en septiembre

Foto de Juan Carlos Corchado
El crecimiento y maduración del sistema de participación tiene fecha en el calendario municipal y los representantes vecinales se muestran encantados por ello. La coincidencia en el próximo mes de septiembre del pleno del Ayuntamiento que aprobará la propuesta de división de la ciudad en seis distritos urbanos y uno rural y el inicio de la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana es recibido en la federación Solidaridad como buena noticia para la mayor la implicación de los vecinos, de un lado, y, sobre todo, para la existencia de instancias capaces de escuchar y cursar las aportaciones.
La recuperación de los recordados y abandonados presupuestos participativos, que otorgaron durante apenas unos años la oportunidad de que los propios beneficiarios de la acción pública priorizaran parte de las inversiones municipales en los barrios, es una de las mejoras esperadas. Pero no es lo único que se aguarda una vez comience el nuevo curso político. «No es solo eso, sino también se trata de la toma de decisiones en la programación de asuntos de orden social, cultural u otros», dice Agustín de la Flor, uno de los miembros de la junta directiva de la federación y del Observatorio Ciudadano.
Promovidos desde 2008
Llegar a esa situación supone partir de la base de una nueva división en distritos más acorde con la realidad de una ciudad de más de 200.000 habitantes. «Lo que nosotros buscamos es que los distritos sean más homogéneos socialmente y equitativos en el número de habitantes», añade cifrando el volumen de población adecuado en cada uno de ellos en 30.000 personas. Fue precisamente en estos órganos de representación, allá en 2008 y a inicios de la legislatura socialista recién concluida, en los que naciera la propuesta ahora camino del pleno de septiembre próximo. Pero sería rechazada por el gobierno local.
Entonces se mantuvieron los distritos Norte, Sur y La Granja-Delicias, con cuantas dificultades aportan a la fluidez de una participación activa semejantes divisiones tan amplias. Una alegación vecinal, tanto desde el Observatorio Ciudadano como desde la federación Solidaridad, se quedó sin respuesta desde el gobierno de Pilar Sánchez en su momento. El Consistorio, bajo el nuevo gobierno del PP, retoma ahora la configuración propuesta: los distritos Norte, Sur, La Granja, Delicias, Centro, Oeste y Rural, seis urbanos y uno más para las barriadas y diseminados rurales. En éste último no entran las pedanías.
Una reunión del Observatorio, el mencionado pleno del Ayuntamiento (que lo aprobará al menos con la mayoría absoluta popular), la publicación en el boletín oficial de la provincia y un plazo de 30 días para las alegaciones a las que hubiere lugar completan la hoja de ruta de una dotación que, salvo sorpresas, alcanzará la ciudad este próximo otoño. Una reciente reunión de los representantes vecinales con la alcaldesa, María José García-Pelayo, y la delegada de Participación, Lidia Menacho, tranquilizó a quienes aguardan ahora la llegada de esa herramienta acordada y pendiente de los detalles.
Ley de Grandes Ciudades
«La participación ciudadana se incrementaría a través del consejo territorial con el que contará cada uno de los distritos, con presencia de ciudadanos particulares y colectivos pronunciándose en las asambleas», explica De la Flor apuntando así el cumplimiento de la Ley de Grandes Ciudades aprobado en el Parlamento de Andalucía. El funcionamiento eficaz de toda la implicación vecinal quedará así vertebrada por medio de un instrumento que se completaría con la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, por imperativo de ley y también del propio Reglamento Orgánico Municipal (ROM).
Esta modificación, cuyo inicio se aguarda también para septiembre, esta pendiente de la constitución del Consejo Social de la Ciudad. «Sería el resultado de la suma del Consejo Económico y Social y del Observatorio Ciudadano», se señala desde Solidaridad con la satisfacción de la existencia, para entonces, de una entidad en la que los vecinos, empresarios, sindicatos y expertos estarán representados equitativamente.
«Sería el órgano de mayor participación ciudadana de Jerez», resume Agustín de la Flor. El camino comenzará en septiembre y las previsiones vecinales hablan de la primavera de 2012 para que esté ya funcionando.
(La Voz, 17-julio-2011)

viernes, 15 de julio de 2011

Umbral de las vacaciones


La marea baja ante mí con la misma parsimonia con la que se pone el sol a mis espaldas. El Chorrillo murmura ténue las chanzas del chiquillerío feliz que, a esa hora, no quiere saber ya nada de baños y prefiere dar la lata a los cangrejos de las piedras del espigón y a los minúsculos ermitaños que no saben donde esconderse. Las gaviotas planean observando a la familia que recoje sus cosas mientras el ánimo de encontrar un tentempié en las bolsas de basura parece encontrar articulación en los graznidos que caracterizan el instante. Hasta los postreros paseos entre el puerto y Picobarro evidencian la excelencia mayor de estas idas y venidas que las protagonizadas bajo el peso del mayor calor de julio en otras horas de la jornada ecuador de mi mes vacacional.
Francisco Umbral se afana en darme cabida en la atmósfera de su pubertad y adolescencia. Y con todo, aquel ambiente de sus años 40, tan llenos de ninfas inesperadas y coqueteos con la literatura que (porque imagino trazas autobiográficas en la obra con la que ganó el Nadal del 75) dieron luz al escritor que fue, no deja de ofrecerse familiar mientras mis pies descalzos sobre la arena húmeda y el grillerío de madres instando el final de la merienda apuntan melancólicas maneras de otro tiempo. Paso las páginas como entrando en el trance que diluye los sonidos de la Rota veraniega y potencian las atenciones a aquellos personajes altoburgueses cargados de mediocridades o los otros de modestia social infinita aunque con tan inusitadas aspiraciones de sublimación.
Escucho, mientras tanto, la charla del sevillano que arrastra las eses y la cháchara vespertina del roteño que, más castizo, habla como quien mantiene en la mochila la historia hortelana y pesquera de la Villa. Más raramente, también el inglés con acento americano que pone en valor las estrechas relaciones de la potencia del mundo con este pueblo costero. Goliat y David (sin pedradas de por medio) aprendieron a entenderse hace décadas y hoy todo es natural. Pero estos son otros personajes que, aunque no identificables en las páginas del recordado don Francisco, bien le pudieran haber sugerido novelas para el regocijo que su capacidad narrativa me ha regalado durante este tiempo estival. Una gozada el reencuentro con la lectura que, sin prisas pero sin pausas, ha regresado a mi vida.
Se acaba la desconexión pese a todo. Volvemos a Jerez para que, quien encabezó la mudanza de la tribu, agote ahora las vacaciones de la radio en medio ya de otras de mis ocupaciones de allá y acullá. En el fondo, no es tiempo sino de premoniciones de un mes de agosto que ya dispondrá de las entregas desvividas tan generadoras del estrés del que vine a curarme. Tere y los niños, que miran de soslayo a este lector de la playa, preparan, con quien suscribe, la maleta que guarda estos días para el descanso y... poco más. Que toca ponerse las pilas de nuevo. Me cuesta soltar el libro con todo. Es tan difícil repetir el hojeo y el ojeo una vez regresen las obligaciones... En fin. Así son las cosas cuando esta reaparición en el blog llega con aromas de aire renovado. Palabra de Gaby!