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| Foto de Javier Fergo |
La obra está terminada y las viviendas vendidas en Jardines del Sur, una promoción ubicada la zona de Puertas del Sur. O al menos están ya comprometidas. En cuanto se disponga de la licencia de habitabilidad y los 96 compradores formalicen sus respectivas hipotecas todo habrá culminado de modo feliz. Pero el trámite de Urbanismo está detenido y los afectados, sobre todo las empresas constructoras y de índole similar que fueron contratadas por Azahar Inmuebles S. L., están con las carnes abiertas.
La razón es que la situación concursal que sufre la compañía promotora, por unas deudas que alcanzan los 900.000 euros, ha sobrecargado las espaldas de las pequeñas firmas de albañilería, carpintería, electricidad, fontanería y demás labores necesarias en un conjunto residencial de estas características. Y éstas lo han hecho con la tranquilidad que otorga que las viviendas tienen compradores aunque con la inquietud de tratarse de tesorerías cortitas que a duras penas solapan el concurso de Azahar Inmuebles.
Sin liquidez en las empresas
Nada sería insalvable si no fuera porque ya están notando la falta de liquidez que provoca la situación. Y algunas de estas empresas deben a sus trabajadores, a resultas de ello, hasta dos meses de sueldo. Por ello están impacientes ante la falta de respuesta de Urbanismo tras haber pasado ya dos meses desde la solicitud de la licencia de habitabilidad, fundamental para poder dar curso a la primera ocupación de las viviendas. Su retraso ha provocado reclamaciones. La última se formuló hace unos veinte días.
José Gutiérrez Estudillo, propietario de la constructora Xeimos, asegura que «tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento hicieron las correspondientes inspecciones, ya tenemos el 100% de la documentación entregada y, de hecho, solicitamos una reunión con el delegado de Urbanismo que Juan Pedro Crisol sabrá porqué no ha querido mantener con nosotros». El caso es que querían hacer saber la gravedad de la situación y la celeridad que necesita este caso para evitar efectos colaterales.
La pega alegada por los técnicos de Urbanismo con los que sí que pudieron reunirse los afectados a falta de Crisol es la insuficiencia de la documentación de aceptación por parte de la compañía suministradora de energía eléctrica que este procedimiento requiere. No existe mucho acuerdo, sin embargo, en este punto. Gutiérrez habla de los papeles alternativos aportados, en primera instancia, así como los específicos reclamados, posteriormente, y que, según se señala, fueron nuevamente rechazados.
«Este retraso está provocando consecuencias dramáticas incluso en los compradores, que tienen subvenciones públicas que son las últimas concedidas y que podrían perder», dice Gutiérrez con una preocupación añadida: «Se corre, además, el riesgo de que cualquiera de las empresas opten por embargar las viviendas y la promoción sería inviable», sentencia.
(La Voz, 7-Febrero-2011)
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