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| Foto de Javier Fergo |
«Fondos públicos repartidos sin atenerse a los procedimientos legalmente establecidos», esos los denominados ‘fondos de reptiles’ según la actualización del viejo concepto rescatado de la política decimonónica de Bismarck que se refería a la compra de voluntades y el reparto entre los funcionarios de cantidades provenientes de tributos y tasas. La primera de las acepciones mencionadas es la que define la actuación por la que se denuncia desde, tanto desde el Partido Popular como desde el Foro Ciudadano por medio de Pedro Pacheco, a la delegada de Recursos Humanos, Ainhoa Gil. La presidenta local del PP, María José García-Pelayo, acusa a la mencionada concejala socialista de abonar a ocho de sus empleados municipales una cantidad de 500 euros en concepto de gratificaciones «sin seguir el procedimiento legal». La ley de Haciendas Locales señala que, entre los requerimientos para ello, es necesario el informe del interventor municipal así como la aprobación de la junta de gobierno local. «Se ha hecho al margen de todo este procedimiento», asegura la portavoz del grupo municipal del PP echando en falta, además, la certificación acreditativa de la prestación del servicio.
Denuncia a Fiscalía
García-Pelayo, que asegura que «en adelante se iba a hacer algo parecido a favor de otros trabajadores», apunta que «se da la circunstancia de que las personas que lo han recibido ni siquiera habían cobrado la nómina completa». Y, en alusión al problema de liquidez que agrava la situación de la plantilla, añade: «Si no hay dinero para mantener al día los pagos salariales municipales no los hay para estas gratificaciones». Por ello anuncia la denuncia tanto política como jurídica del PP. Anuncian para esta próxima semana tanto la interpelación urgente a la alcaldesa como la puesta en conocimiento de la Fiscalía.
Los indicios de delito que observan los populares, y que apuntan a una presunta malversación de caudales públicos, llevan a María José García-Pelayo a calificar de «disparate económico y político» un asunto que, más allá de una circunstancia coyuntural, convierte en categoría: «Este es el modelo de gestión de recursos que ofrece el PSOE». Los hechos que describen, relativos al pago de la nómina del pasado mes de enero, mencionan un mero oficio firmado por la delegada de Recursos Humanos ordenando al empleado de nóminas la inclusión de esas cantidades. Sin más, según se denuncia.
La formulación de la argumentación con la que pretenden fundamentar tanto la interpelación a la alcaldesa como la iniciativa judicial prevista concluye diciendo que «permitir, consentir o promover la asignación de fondos públicos, sin ningún procedimiento, con fines particulares o intereses políticos, no sólo viola los más elementales principios de honesta administración de los caudales públicos, sino que ampara actitudes y conductas irregulares, y se desliza hacia la utilización de lo público para intereses privados y/o partidistas».
«¿Satisfacen lealtades?»
Pedro Pacheco, candidato a la Alcaldía por el Foro Ciudadano, coincide en estas denuncias preguntándose «¿cómo, con la ruina existente en la ciudad, se pueden destinar estos remanentes de tesorería para gratificar a diez personas de recursos humanos?». No coincide con el PP en la cifra de presuntos beneficiados por esas cantidades extras denunciadas y responsabiliza de ellas tanto a la alcaldesa como a los delegados de Recursos Humanos, Ainhoa Gil, como de Fomento, Francisco Lebrero. «¿Es que quieren satisfacer lealtades?», insiste.
Mientras Pacheco sugiere afinidades premiadas, María José García-Pelayo no ha querido referirse en ningún momento a los receptores de estas gratificaciones, salvo para ubicarlos en la propia delegación de Recursos Humanos. Por lo que se refiere a la responsable política de esta área, a la que se inculpa desde el PP en este asunto, la presidenta local sí apunta una frase que pone en boca de Ainhoa Gil para justificar este pago a los empleados elegidos para ello: «Se trata de dejarles un buen recuerdo».
No es nuevo en la plantilla, por otra parte, el malestar por una cierta parcialidad que, en el asunto de los pluses salariales por ejemplo, advierten trabajadores como los técnicos municipales que, hace dos años, ya se constituyeron en asociación «como consecuencia de las decisiones arbitrarias que viene adoptando el Gobierno municipal» según señalan ellos mismos.
La querella de los asesores se amplía
Pedro Pacheco ha anunciado que procederá a ampliar su querella por el caso de los asesores a cuatro personas más de aquellas a las que se atribuyen estas labores para el gobierno municipal socialista. No ha trascendido más que uno de los nombres que, en adelante, habrán de ser tenidos en cuenta por este asunto. Se trata de Francisco Javier Moreno, que está «implicado» en el caso del Parque Tecnológico Agroindustrial, recuerda Pacheco.
De otro lado, Pacheco advierte de lo que considera, junto al denunciado de las gratificaciones, otro signo de arbitrariedad en las decisiones del gobierno local: «¿Cómo es que aún no se ha aplicado a los asesores la rebaja indicada por la nueva ley?», se pregunta el líder del Foro Ciudadano y exalcalde de la ciudad en referencia al 5% de reducción salarial indicada desde el Gobierno de Zapatero para todos los funcionarios ante la crisis.
Evitar arbitrariedades es, precisamente, lo que llevó ayer al PP a presentar, de otro lado, la creación de una comisión de control de la gestión presupuestaria, si gobierna la ciudad tras las elecciones del 22-M. «Se trata de que la oposición cuente con la herramienta necesaria para verificar este control ya que, en la actualidad, solo tenemos dos momentos al año para conocer el estado de los presupuestos», señala García-Pelayo.
(La Voz, 20-Febrero-2011)
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