Familia García Martínez (Foto Javier Fergo) |
La convicción de que «cualquier familia numerosa como la nuestra tiene diez veces más ayudas en cualquier país de Europa», como se queja José Manuel Díez (autónomo casado con Sonia Isasi y con seis hijos), preside la actitud de cuantos matrimonios al frente de un núcleo familiar amplio se han propuesto no desaprovechar la actual precampaña para hacer llegar a los políticos sus dificultades. El objetivo es ampliar las cotas de bonificación que, según poblaciones y servicios, pueden ser de lo más diversas.
Son 14.103 las familias numerosas existentes en la provincia según reconoce la administración. Y la asociación que vela por ellas, Asfanuca, ha hecho llegar una tabla de reivindicaciones que, a modo de decálogo, está comenzando a recibir respuestas de los partidos políticos. Las peticiones son tan claras como la priorización entre ellas. Por ello aún intentan alcanzar en otras poblaciones de la provincia logros como el asentado en Jerez con la bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se contempla una reducción de hasta el 90% según lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
«Eso está muy bien, pero hay que conseguir lo mismo en el consumo de agua», apunta Manuel Pareja (abogado casado con Dolores Flores y con cinco hijos). «La gente se cree que queremos pagar el agua más barata cuando realmente lo que queremos es un trato más justo», añade al respecto de un asunto que todos coinciden que es el siguiente paso necesario. Patricia Padilla (programadora informática casada con Lorenzo del Buey y con tres hijos) insiste en ello: «No queremos ayudas sino un trato justo».
El caso es que las familias numerosas se sienten mal tratadas por su alto consumo de agua que, al superar cierto nivel, ve encarecido su precio. Pero aquello que nació como una penalización ante conductas derrochadoras se convierte, en estos amplios núcleos familiares, en un castigo que sufren solo por ser más miembros en casa. «Las familias numerosas lo que necesitamos, y ello es aplicable a cualquier cosa que queramos pedir, es que nos consideren como personas y no como grupo», explica Padilla. Y añade: «Con la luz es igual, y con la vivienda de protección oficial también necesitamos que comprendan que en 90 metros cuadrados no cabe una familia numerosa».
Manuel Pareja reconoce que deben asumir renuncias como comer fuera de casa o disponer de un coche mejor. «Incluso hemos de renunciar a tiempo», insiste concluyendo, en cualquier caso, que a cambio podrían encontrar rebajas en el transporte público y hasta en el privado. «La legislación en materia de tráfico nos obliga a disponer en el coche de espacio para todos», añade Díez mientras Pareja insiste en otras prestaciones municipales en equipamientos deportivos, culturales y de ocio.
El tono de las demandas es afable y esperanzado en que, poco a poco, se vayan obteniendo estas mejoras que alivien la situación de unos presupuestos domésticos que ninguno de los consultados detalla en exceso aunque todos resoplan al ser preguntados. «Ningún político me ha obligado a tener ocho hijos», dicen Salvador García y Marián Martínez, casados y padres de tan vasta familia «por nuestras creencias y por estar abiertos a la vida, pero que cuiden a la familia, que sin apoyos morales y materiales no puede desarrollarse», dicen.
En cualquier caso, «no conozco a ninguna familia numerosa que se considere desgraciada», señala Manuel Pareja quien, por otra parte, insiste en que «hay que escapar del mito de que solo gente que tiene capacidad económica puede tener hijos». Es cuestión de renunciar a «ciertas necesidades que esta sociedad nos ha ido creando». Para lo demás parece precisa la ayuda de los políticos. Y las familias han decidido que se enteren de ello.
(La Voz, 17-Abril-2011)
No hay comentarios:
Publicar un comentario