Foto de Javier Fergó |
Son 600 las facturas de esta empresa que figuran en la relación de este Real Decreto Ley 7/2012, que estima un total de 2.280 adeudadas por empresas y organismos entre las 12.999 que en total se contemplan en Jerez. Entre los proveedores de Ajemsa, por la presencia reivindicativa de sus trabajadores en la calle, una de las empresas que de modo más llamativo ha evidenciado la situación es Imesapi, responsable del mantenimiento del alcantarillado y abastecimiento. Ya el año pasado pesó sobre ellos el riesgo de un ERTE ante la falta de carga de trabajo de la que se quejaba la dirección y esas deudas municipales que la estaban hundiendo.
Es el sino de cuantas han sufrido el efecto arrastre que la situación económica y financiera del Ayuntamiento ha provocado. El reconocimiento de la alcaldesa, cuando el viernes presentaba las cifras ante las que el plan del Gobierno contempla a Jerez, no era gratuito. María José García-Pelayo lamentaba que la administración local «haya sido la ruina» de muchas de estas empresas. Y, aunque ahora se acerca el inicio de unos pagos que todos están esperando, para algunas llegará tarde en el empeño de resolver las situaciones creadas.
Es curioso con todo que, con 820 facturas previstas de atención por medio del decreto, sea el Teatro Villamarta el organismo municipal con mayor número de adeudamientos. Otras como Emuvijesa. Jecomusa, Emensa, el Zoo, la Fundación Municipal de Formación y Empleo y Comujesa.
Agua de mayo
Unos 20 años después, en el peor de los casos, los acreedores del Ayuntamiento comenzarán a cobrar. El plan del Gobierno se convierte en agua de mayo para muchas pequeñas y medianas empresas que han soportado, o no, los efectos de semejantes deudas. A partir del 1 de mayo próximo se iniciarán los pagos correspondientes, aunque es más que posible que no se incluyan todas las facturas, como reconocía el viernes en su comparecencia la alcaldesa, María José García-Pelayo.
El decreto incluye las obligaciones pendientes de pago derivadas de contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión que cumplan los requisitos previstos en su texto. En el caso de cancelación fraccionada, la exigibilidad de la obligación pendienteque menciona la norma se refiere al importe total en el momento de emisión de la relación certificada por el Ayuntamiento.
También se contempla que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anticipará de oficio el 50% del importe estimado de los saldos de liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado que resulten a favor del Ayuntamiento correspondiente al año 2010.
Ello tendrá la consideración de pago a cuenta de la liquidación mencionada, cuyo cálculo se efectuará durante este año, y, en tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, se transferirá en la parte que corresponda al estado de gastos con cargo al crédito de los Presupuestos Generales del estado para el año 2011 prorrogados.
(La Voz, 19-Marzo-2012)
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