En una sesión parlamentaria en San Fernando (Foto de R. Ríos) |
En su caso, además, existe una circunstancia especial por la que, de llegar a buen fin la propuesta socialista, la podrían llevar a un posible incremento de los gastos corrientes en el Ayuntamiento de Jerez. No debe olvidarse que una de las medidas de recorte presupuestario que García-Pelayo ha planteado para esta legislatura es la supresión del sueldo de alcaldesa. Pero esa decisión se fundamenta en que le bastaría con el salario como parlamentaria.
La ocupante del sillón de la Alcaldía, que no contempla la posibilidad de incrementar el gasto municipal ahora que se están aplicando los ajustes que la tesorería del Consistorio necesitaba urgentemente, cree que la propuesta del PSOE «es una auténtica barbaridad porque lo que cuestionan es que tengamos legitimidad para estar en el Parlamento o capacidad de trabajo para estar en las dos instituciones». «Y yo he sido votada como diputada y como alcaldesa», añade.
Beneficios para la ciudad
Alega García-Pelayo que «el número mayor de competencias están en manos de la Junta y, por lo tanto, a Jerez le interesa que su alcaldesa sea parlamentaria». Los servicios sociales, la regeneración del Guadalete, la Ciudad de la Justicia, la variante sur, la escuela de idiomas, la ampliación del hospital o creación del segundo, la financiación o el estatuto económico especial son algunos de los ejemplos que pone para justificar una compatibilidad beneficiosa para la ciudad.
¿Pero beneficia al parlamento una alcaldesa que tiene clara sus prioridades? «Es cierto que si tengo que elegir, porque me coinciden dos cosas a la vez, me quedo en Jerez, porque es mi prioridad», sentencia. Con todo, alega que «yo estoy en las sesiones parlamentarias casi 48 horas sentada en el escaño, en las reuniones de la mesa solo he faltado a las dos últimas y en los plenos probablemente sea la única persona que está allí todo el tiempo», añade contundente.
«La última reunión de la mesa en la que se me achaca que falté es una no programada, convocada urgentemente, y yo tenía mujeres (Limasa) que estaban esperando para cobrar; no tengo la cara dura de irme cuando tenía cerrada la firma con el banco para que pudieran percibir su salario». La alcaldesa añade que «me parece vergonzoso que me recriminen esa ausencia las mismas personas que han provocado la situación que quería solucionar ese día aquí».
García-Pelayo afirma que «es un problema para el PSOE e Izquierda Unida la mucha capacidad de trabajo que tenemos en el PP, y ellos no están acostumbrados a alcaldes de 24 horas». Y continúa: «Están acomodados en sus sillones esperando a verlas venir y ahora se han dado cuenta de que el 22 de mayo llegaron ganas de cambio». «Es más un problema de miedo de ellos que de legitimidad nuestra», sentencia añadiendo que «no puedes cambiar las reglas del partido cuando éste va ya por el minuto 80 de juego».
«Griñán incumple su palabra»
María José García-Pelayo, que se declara partidaria de la transparencia y la calidad democrática, considera sin embargo que «esas medidas son un 'paripé' que están montando al final de la legislatura aunque es verdad que estamos dispuestos a sentarnos y consensuarlas, pero eso requiere tiempo y respeto». Recuerda que en junio el presidente de la Junta «dijo que no iba a tomar medidas de este tipo si no era con el acuerdo de todas las fuerzas políticas». «Griñán incumple su palabra, y no porque sea bueno para Andalucía sino porque el PSOE necesita desesperadamente vetar el PP de las administraciones», dice.
«Cuando pierden el poder es cuando cuestionan las instituciones», añade mencionando que sea ahora cuando se sugiera el debate de la utilidad de las diputaciones.
La ley sobrecargaría la nómina municipal en 68.000 euros
«Hay que intentar por todos los medios que, bajo ningún concepto, sea sobrecargada la nómina del Ayuntamiento», dice García-Pelayo cuando se le sugiere la posibilidad de que, de abandonar el Parlamento, tuviera que cobrar el sueldo como alcaldesa al que renunció para quedarse solo con el de la institución autonómica. 68.000 euros anuales es la cantidad conceptuada para ello aunque no sea cobrada. Además, considera prematuro llegar a este tipo de planteamientos.
La propuesta aprobada el pasado jueves ha de ir a una comisión que lo tramitará como proyecto de ley. Un debate a la totalidad en el pleno completará el procedimiento antes de que sea devuelto a la comisión, sean presentadas las enmiendas y encuentre definitiva aprobación en el pleno del Parlamento. «Por procedimiento de urgencia, lo pueden sacar adelante en dos meses, incluso pueden habilitar los meses de julio y agosto si quieren», explica suponiendo prisas socialistas.
Ya se auguran, sin embargo, recursos al Tribunal Constitucional que llevarían aparejada la suspensión de la ley «porque afectan a derechos fundamentales».
(La Voz, 25-Julio-2011)
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