Foto de Juan Carlos Corchado |
«Hay que romper con los procesos en los que, generación tras generación, se ha vivido con especial dificultad», explica Paredes al respecto de situaciones familiares que favorecen los problemas. Por ello se muestra dispuesta a «apostar por los alumnos y ver desde una visión integral la problemática que presentan». Ante ese panorama asomará el inmediato septiembre, y el correspondiente inicio de un nuevo curso escolar, alumbrando el nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social. En él serán enmarcados los programas que, durante el curso 2011-2012, puedan comenzar a funcionar.
Poner en marcha recursos en la ciudad, «y que tenemos encima de la mesa» dice la delegada, es el objetivo. «Aún falta hablar con el sistema educativo para ofrecer, por pasos, distintos recursos que funcionan bien en otras ciudades», apunta. La coordinación de los distintos sistemas de las delegaciones provincial y municipal se considera también clave para las pretensiones de lucha contra el absentismo que ahora inquieta a Paredes.
Consentido o camuflado
Una primera prospección sobre el terreno lleva a la delegada de Bienestar Social a reconocer que «hay un nuevo tipo que es el absentismo consentido o camuflado: aquellos alumnos en un proceso personal de deterioro y que persiguen que se les expulse de clase». El perfil «es frecuente en determinados barrios en los que es común la exclusión social y nosotros vamos a dar respuestas socioeducativas a esas necesidades que presentan nuestros alumnos», señala. Al abundar en el modelo detalla que «muchos alumnos están inadaptados y cuando hacemos un estudio riguroso de ellos se observa que muchos tienen problemas orgánicos que, con tratamientos tanto terapéuticos como de otro tipo, todo revierta en favor de ellos y del sistema educativo».
«Dar respuestas a una sociedad inclusiva», insiste advirtiendo que las motivaciones que originan ese tipo de comportamientos «pueden venir de circunstancias de violencia en el ámbito familiar, de desestructuración familiar y hasta de un problema médico». Datos facilitados por el Instituto Andaluz de la Mujer alertaban hace unos días sobre la violencia que se está produciendo y, según Paredes, «eso no es fruto de la casualidad sino de un proceso en el que se ven inmersos los menores con mucha dificultad y que hay que apoyar desde los servicios de protección social, educativo y sanitario».
La delegación comienza a verificar, mientras tanto que «muchos padres se encuentran en situación de desesperación porque no pueden hacer frente a ciertas situaciones de sus hijos y se produce un deterioro y una conflictividad familiar importante». En ello se pretenden asentar determinadas actuaciones de carácter preventivo o resolutivas de situaciones reales a fin de «trabajar por una ciudad inclusiva y cohesionada, que es uno de los grandes objetivos de este gobierno local».
(La Voz, 29-Agosto-2011)
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